“La principal razón de esta ley es gestionar fondos públicos que subvencionen la producción cinematográfica, que es una actividad costosa en cierto sentido, pero que también implica trabajo para muchas personas”, comenta Javier Izquierdo, director de cine ecuatoriano. En su larga trayectoria como cineasta se enfrentó, en los inicios, con el reto de acudir a diversas fuentes privadas que quieran invertir en su película. Para la realización de su primera película documental: Augusto San Miguel, recurrió a instituciones como el Museo de Antropología y Arte Contemporáneo (MAAC) -conocido actualmente como Centro Cultural Bolívar- e incluso el Banco Central del Ecuador, de quienes recibió un aporte económico insuficiente. Él, y muchos otros, veían necesaria la aportación gubernamental para ayudar a la producción cinematográfica.

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La ley del 2006, inspirada por modelos internacionales como el francés, a su vez, incluía la participación en concursos cinematográficos impartidos por El Consejo Nacional de Cinematografía (CNCINE), ahora conocido como el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA). Tanto estos fondos concursables, como también los culturales “responden al Presupuesto General del Estado, [obtenidos del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC)] monto anual que el Estado recibe de diversos ingresos y destina un porcentaje a estos fondos concursales” Alberto Rengifo, Director de Comunicación del ICCA.

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Desde entonces, el apoyo gubernamental ha estado presente en las producciones ecuatorianas. Carlos Andrade, productor de cine y televisión, se ha beneficiado del uso de estos fondos en uno de sus primeros proyectos, al ganar un concurso de producción. No obstante, por más ayuda que representó el aporte, no era suficiente para financiar la totalidad de la película. Por tanto, otra fuente de ingreso público que consiguió fue a través del premio “Augusto San Miguel”, que daba el Ministerio de Educación para el cine. De ahí, lo que restaba de fondos fue obtenido por empresas privadas.

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En 2015, las producciones nacionales se vieron afectadas dado que la periodicidad de los incentivos económicos sufrió alteraciones. Izquierdo –como director de cine-, ha experimentado que el aporte estatal  limita al equipo para la producción ya que no tiene regularidad, las fechas cambian así como también los montos.

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Frente a esta problemática, este año los fondos con lo que se financia la convocatoria 2017 no estarán atados a la ejecución del Presupuesto General del Estado, lo que les otorgará mayor flexibilidad en los tiempos de ejecución. Además, el ICCA ha respondido a través de mesas de diálogos a lo largo del país en busca de soluciones eficientes. Rengifo asegura que hay propuestas; tales como: “que se cambie en la ley de cultura que las empresas puedan justificar hasta el 1% del gasto fiscal que ellos tienen, y que esta se incremente hasta el 10%. (…) Y otra que es lo que existe en algunos países, como en Argentina: el impuesto en las entradas de todas las películas extranjeras que se consumen en nuestro país; que vaya destinado a un fondo fijo, que se alimente y se genere año tras año para la producción cinematográfica ecuatoriana”, obteniendo así nuevos fondos, fijos y regulares.

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Para un cineasta, el financiamiento para sacar adelante a su película es crucial para su negocio. Y, aun cuando “la inversión estatal en la última década, a través del FFC, fue de $9'423.718,34 para 405 proyectos”, el monto no represena ni el 10% de lo que cuesta producir una película, afirma Arturo Yépez, representante de los productores cinematográficos del CNCine en entrevista con el diario El Telégrafo. El ICCA, consciente de este hecho, doblado el valor de sus fondos en el 2016 de 485 mil USD a 801 mil USD.

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Acogida de los proyectos cinematográficos por el CNCine

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David Ceballos, profesor de la Universidad de Los Hemisferios y con experiencia en varios campos audiovisuales, ha sido testigo de que cuando se solicitan fondos al CNCine, ellos nunca modifican o cambian la idea del proyecto que se propone. Sin embargo, conoce de casos en los que sí se ha intervenido antes de realizar la producción. Ceballos afirmó “esto es porque los fondos van dirigidos para dar provecho a la cultura ecuatoriana y, en este caso, el proyecto, según ellos,  no tenía ningún interés cultural  ni ningún valor. (…). No debemos olvidar la industria y la cultura; el cine no puede ser sin lo uno o lo otro”. Además, asegura que sí hay un gran apoyo, pero que primero se debe informar claramente acerca de lo que se va a realizar con ese ingreso público, ya que es considerado como una inversión cultural.

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Si bien el ICCA considera la importancia de la cultura, para selección de proyectos audiovisuales se considera que la cultura, al inhibir en la sociedad, está plasmada en el material audiovisual. Por tanto, para la selección de proyectos toma en cuenta: la motivación, el logline del proyecto, nota explicativa, la estética, el plan y diseño de producción, y cronograma de trabajo; de acuerdo a la categoría en la que se postula. Los jurados, nacionales e internacionales, indican qué trabajos son los que ellos consideran mejores. Por tanto, según Rengifo: “el ICCA, como institución pública, sola, no descarta ningún tipo de trabajos por lo que tenga o no carga cultural”.  

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Andrade, productor, corrobora que  “a nivel gubernamental siempre hay un grado de inclusión y apertura (…) más bien siempre han sido súper abiertos”. De hecho, ha sido testigo de cómo la organización pública se ha visto en la necesidad de ir restringiendo más y más el acceso, por la gran cantidad de proyectos que se presentan, y ellos no pueden acaparar a todos. Tienen que ir jugando con la capacidad de apertura que se les da a todos los postulantes, pero a la vez tomando en cuenta qué proyecto es más viable.

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El apoyo económico por parte del ICCA ha beneficiado a múltiples cineastas sacando adelante sus producciones. Sin embargo, el auge del cine nacional va desproporcional al consumo nacional de este. A pesar de que en el año 2014 se evidenció la mayor producción de películas nacionales desde la creación de la Ley de Cine; -un total de 16 filmes fueron estrenados, 12 largometrajes de ficción y 4 largometrajes de documental-, únicamente contó con 84 084 espectadores, mientras que en el 2011 obtuvo 335 595 espectadores con 4 películas de estreno: 3 de ficción y un documental.

Las producciones nacionales cuentan con baja asistencia de público en las salas comerciales. Hay varios factores que, según la opinión de algunos expertos en el tema, influyen en este impacto negativo. Por ejemplo, Diego Coral, Director de la Cinemateca Nacional, expresa que un factor que afecta es la calidad de los guiones: “el problema no son los temas que se escogen sino como se los escribe”. Otros problemas se relacionan con  la dirección de actores. “Hay ciertos procesos entre la realización y la actuación que no están bien establecidos, no existe una buena comunicación entre lo que el director quiere y lo que el actor hace eso genera problemas en cualquier tipo de producción” Diego Coral.

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Sin embargo, el cine y el arte no pueden ser vistos como algo que da dinero como industria. Andrade dejó muy claro que a pesar del apoyo gubernamental, los frutos no se ven a corto plazo. Vario cineastas seguirán en la lucha de hacer cine, hacer arte pero presentarlo como una inversión. Algo que no se recibe físicamente, más como una fuente de empleo para mucha gente, y como una inversión para plasmar la cultura, que a largo plazo de una u otra forma dará frutos.